En pocas palabras Colombia tomará en pocos días una decisión histórica. Aprobará o desaprobará mediante el voto popular el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz sostenible. La pregunta que cada ciudadano encontrará en el tarjetón tendrá solo dos opciones de respuesta: Sí o No. Por eso, como señaló la Corte Constitucional en su sentencia sobre el plebiscito, las personas tendrán que ponderar su decisión tomando el acuerdo como un todo, con todos los matices, críticas y beneficios.
Cualquiera que sea la decisión que los colombianos tomen en el plebiscito, será legítima. Y esa legitimidad se verá reforzada si el ciudadano vota bien informado, en un clima de deliberación democrática .
1. hacia un nuevo campo colombiano.
En el acuerdo se hace una propuesta integral de desarrollo rural, con énfasis en el territorio, dirigida a superar la brecha de pobreza y desigualdad que hoy existe en las regiones tanto en lo social como en lo económico y político. Por esta razón no se limita a dar acceso a la tierra aunque este aspecto es su columna vertebral, sino que reconoce la necesaria intervención en infraestructura, comercio, educación, participación, ciencia y tecnología, etcétera.
No obstante, sí hace especial énfasis en la necesidad de democratizar el acceso y uso de la tierra, pues hay suficiente evidencia de que la desigualdad en el campo es un obstáculo para el desarrollo y modernización del país. También resalta la economía campesina, al reconocer que ha sido duramente golpeada por el conflicto y que es esencial para la producción de alimentos y la superación de la pobreza rural.
1.1 DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO Y USO DE LA TIERRA
El acuerdo contempla tanto la entrega gratuita de predios como los subsidios para la compra y créditos especiales.
El catastro ordena el sistema de propiedad y puede tener un gran impacto en las finanzas de los municipios, ya que a través de este se establece el impuesto predial. Actualmente, el recaudo de este gravamen en el sector rural es ínfimo. En los acuerdos se habla de que el predial debe ser progresivo y equitativo, es decir, que quien más tiene más paga.
1.2. PROGRAMAS ESPECIALES DE DESARROLLO RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL
Se crearán 16 programas de desarrollo rural en subregiones fuertemente golpeadas por el conflicto.Abarcan las zonas rurales de más de cien municipios con altos índices de pobreza, con menos presencia institucional y con economías ilícitas por superar. Son programas intensivos de reconstrucción material y social, con énfasis en la reconciliación y con alta participación de las comunidades en su diseño y ejecución.
1.3. PLANES DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PRODUCTIVIDAD Y FORMALIZACIÓN LABORAL
Así como los programas anteriores están focalizados en zonas especialmente golpeadas, habrá planes sectoriales de impacto nacional para superar la pobreza y el atraso en infraestructura, salud, educación, asistencia técnica y para mejorar la calidad del empleo en el campo.1.4. SEGURIDAD ALIMENTARIA
En el sector rural existe el hambre y es donde mayor impacto tienen la pobreza y la indigencia. También se hará énfasis en la economía familiar para mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas que habitan el sector rural.¿De dónde saldrán las hectáreas para el Fondo de Tierras?
Este tema es tan complejo que va a ser necesario que el Estado tenga que comprar tierras si quiere entregarlas a los campesinos.
COLOMBIA es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo en la tenencia de la tierra. Los estudios nacionales e internacionales encuentran en la concentración de la propiedad rural un obstáculo para el desarrollo y modernización del país, y un factor asociado a la duración del conflicto. Para democratizar la tierra el acuerdo busca crear un fondo de 3 millones de hectáreas para asignar de manera gratuita, o bien con subsidios o bien con créditos a campesinos pobres. Esas tierras tendrán varias fuentes.
La primera serán los baldíos de la Nación. En Colombia quedan pocos baldíos sin ocupar, sin embargo, el Estado deberá recuperar muchas de sus tierras usurpadas por privados. Pero eso ha sido hasta ahora un camino largo y tortuoso. Adicionalmente el gobierno no sabe cuántos baldíos hay.
2.Apertura democrática para construir la paz
El acuerdo reconoce que para construir y consolidar la paz en los próximos años se necesita ampliar la democracia para permitir a los partidos políticos, movimientos sociales y nuevas fuerzas, en especial de oposición, participar en las elecciones y distintos espacios de contienda política sin que sean estigmatizados, perseguidos, amenazados o asesinados. Se trata de fortalecer el pluralismo a través de una apertura basada en tres pilares fundamentales: la participación ciudadana, las garantías para la competencia electoral y el debate público, y una mayor representatividad de quienes hasta ahora han estado excluidos del ejercicio político.
Las circunscripciones para la Paz
Líderes campesinos y de las víctimas del conflicto podrían ser beneficiarios de las curules especiales que tendrá la Cámara de Representantes.
Para promover la participación democrática, fortalecer la débil presencia institucional y garantizar la integración política de las zonas afectadas por el conflicto, los negociadores acordaron crear 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP) para elegir igual número de representantes a la Cámara por dos periodos electorales. Estas circunscripciones contarán con reglas especiales para inscribir y elegir a los candidatos, que deben habitar la región, y tendrán una financiación especial. Algunas de estas reglas contemplan que quienes se inscriban, deben vivir en la región, o ser desplazados en proceso de retorno. Se busca también garantizar que sean especialmente representativas del sector rural. En la práctica esto significa que los campesinos y las víctimas de base podrían tener presencia importante en el Congreso por primera vez.
Las regiones elegidas son aquellas donde hay mayor presencia de las Farc y eso sin duda genera la sensación de que son otras curules para ellas. Sin embargo, estos cupos están sometidos a la competencia electoral, y en la mayoría de las regiones no solo hay movimientos afines a la izquierda sino grupos independientes y de otras corrientes. Adicionalmente se espera que con el acuerdo para finalizar la guerra surjan nuevas agrupaciones y liderazgos.
3. Fin del conflicto
El acuerdo final logrado en La Habana busca la terminación del conflicto armado. Pero esto no significa solo silenciar los fusiles de las Farc. Se trata de sentar las bases para una convivencia civilizada, para un ejercicio de la política sin armas y para un clima de seguridad y tranquilidad que permitan el debate democrático abierto y pluralista en cada rincón del país, especialmente en regiones donde por más de medio siglo ha reinado la violencia o el constreñimiento de los derechos y libertades.
Parte esencial para sentar las bases de esa paz estable y duradera es la manera como se dé el tránsito de la guerrilla a la vida civil. Esto es un proceso largo y complejo, que implica retos institucionales enormes, y que se debe dar de manera simultánea e integral.
Parte esencial para sentar las bases de esa paz estable y duradera es la manera como se dé el tránsito de la guerrilla a la vida civil. Esto es un proceso largo y complejo, que implica retos institucionales enormes, y que se debe dar de manera simultánea e integral.
3.1. CESE AL FUEGO Y DE HOSTILIDADES BILATERAL Y DEFINITIVO
El día de la firma protocolaria del acuerdo final, que será antes del plebiscito, se considera el Día D para poner en marcha el fin del conflicto. Para entonces ya debe estar en terreno el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación. En este mecanismo participan por lo menos 500 observadores internacionales, casi todos militares de América Latina asignados como misión política del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir que le rinden cuenta directamente al secretario general de esa organización y a la Asamblea. Este componente internacional coordina todo el mecanismo de monitoreo, y tiene la misión de ser el verificador único de la dejación de armas. Conforman las otras partes del mecanismo 263 guerrilleros de las Farc y 263 miembros del gobierno, la mayoría también militares, entre los que hay varios generales de la mayor antigüedad y experiencia. Todos actuarán desarmados. Este mecanismo tripartito tendrá una oficina central en Bogotá y ocho regionales y mantendrá canales abiertos de información y comunicación con las comunidades.3.2. DEJACIÓN DE ARMAS POR PARTE DE LAS FARC
El proceso de dejación de armas será paulatino, rigurosamente vigilado y transparente. Las Farc deben entregar listados de sus armas y combatientes, con identificación exacta, que la ONU podrá confrontar con otras fuentes.3.3. REINCORPORACIÓN DE LAS FARC A LA VIDA CIVIL
El paso fundamental que dan las Farc al dejar las armas es convertirse en un partido político, y como personas en ciudadanos íntegros. Luego de medio siglo de guerra, ese proceso necesita de una transición, que se calcula puede ser de una década, para que se consolide en lo político y en lo personal. Durante ese lapso, el Estado deberá garantizar una serie de condiciones para que el paso de la ilegalidad a la legalidad se consolide y sea irreversible. Eso es la reincorporación en todas sus dimensiones, como sigue.¿Por qué curules y plata para las Farc?
Del éxito de la reintegración depende en buena medida la sostenibilidad del acuerdo de paz.
El acuerdo de reincorporación política les da a los miembros de la guerrilla una verdadera oportunidad para entrar al juego democrático con garantías. Aunque para muchos sectores estas garantías son gabelas o conquistas inmerecidas, en realidad, el acuerdo procura darle seriedad a las posibilidades de las Farc en la competencia electoral en un sistema que tiene múltiples falencias y desequilibrios. Así mismo darles incentivos para permanecer en la civilidad. No hay que olvidar que el surgimiento de las Farc está asociado a un pacto de paz hecho hace medio siglo que excluyó a sectores políticos como los comunistas, que encabezaba el fundador de las Farc, Manuel Marulanda Vélez.4. Solución al problema de las drogas ilícitas
Desde hace cuatro décadas el narcotráfico se convirtió en uno de los motores del conflicto armado en Colombia. Todos los grupos ilegales han recurrido a él para financiarse, y es una actividad que ha permeado la economía, la política y la vida social y cultural. El país ha intentado resolverlo de muchas maneras, pero especialmente por la vía policial y judicial. Solo ahora los países, con Colombia a la cabeza, comienzan a discutir en el mundo nuevos enfoques para enfren- tar este problema global.
La producción de drogas ilícitas es una actividad que involucra a muchas personas y segmentos de la sociedad. Colombia las sufre todas, desde los cultivos de uso ilícito, hasta su producción, comercialización y consumo. Gran parte de estas actividades tienen lugar en regiones con fuerte presencia de las Farc afectadas por el conflicto. Los negociadores reconocen que los cultivos ilícitos no son una causa de la guerra, pero también que esta actividad ilícita y la violencia social y política se retroalimentan. Por eso el acuerdo de paz reconoce que el fin del conflicto armado entre esa guerrilla y el gobierno es una oportunidad para buscarle una solución al problema.
La producción de drogas ilícitas es una actividad que involucra a muchas personas y segmentos de la sociedad. Colombia las sufre todas, desde los cultivos de uso ilícito, hasta su producción, comercialización y consumo. Gran parte de estas actividades tienen lugar en regiones con fuerte presencia de las Farc afectadas por el conflicto. Los negociadores reconocen que los cultivos ilícitos no son una causa de la guerra, pero también que esta actividad ilícita y la violencia social y política se retroalimentan. Por eso el acuerdo de paz reconoce que el fin del conflicto armado entre esa guerrilla y el gobierno es una oportunidad para buscarle una solución al problema.
El dilema de las fumigaciones
En el acuerdo hay un cambio de enfoque y se prioriza la sustitución voluntaria de cultivos. La fumigación es el último recurso.
COLOMBIA lleva más de 30 años fumigando los cultivos de coca como estrategia principal para combatirlos. Ha sido una herramienta efectiva pero controvertida por su impacto ambiental y social. El acuerdo de La Habana prioriza por primera vez otra estrategia: la sustitución y la erradicación voluntaria y concertada. No obstante, el Estado se reserva el derecho de fumigar en caso de que sea necesario. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en un informe de junio de este año, el área dedicada a cultivos de hoja de coca pasó de 69.000 hectáreas en 2014 a 96.000 en 2015, justo el año en el que el Consejo Nacional de Estupefacientes suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato por razones de salud pública. Sin embargo, este aumento desmedido llevó, en mayo de este año, a reanudar las fumigaciones con glifosato, pero desde el terreno.5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto
Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz.
Uno de los dilemas más difíciles que debe afrontar una sociedad al transitar de la guerra a la paz es cómo juzgar las atrocidades cometidas por los actores que están sentados en la mesa dispuestos a dejar la violencia. Esto es particularmente difícil en conflictos largos, donde hay diversas responsabilidades y se han degradado los métodos bélicos. Sobre todo en el mundo moderno, pues desde hace casi dos décadas existen instrumentos de justicia global para evitar que los crímenes que ofenden a la humanidad, aun los cometidos en contextos de guerra, queden en la impunidad.
Sin embargo, la comunidad de naciones ha entendido que la paz es un ideal y que, en aras de lograrla, es posible construir instrumentos de justicia que permitan avanzar hacia ella. Si las sociedades solo tuvieran como respuesta ante la guerra el castigo a quienes participaron en ella, el mundo sería un campo de batalla perpetuo. Por eso existe la justicia transicional, que busca satisfacer integralmente los derechos de las víctimas mientras permite dejar atrás el conflicto. Esta justicia se apuntala en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Esta es la primera vez, luego de la firma del Estatuto de Roma, que un país se dota de un sistema integral como el aprobado en La Habana, especialmente porque nunca antes un gobierno y un grupo insurgente habían creado de común acuerdo un tribunal para que los juzgue a ellos mismos.
Sin embargo, la comunidad de naciones ha entendido que la paz es un ideal y que, en aras de lograrla, es posible construir instrumentos de justicia que permitan avanzar hacia ella. Si las sociedades solo tuvieran como respuesta ante la guerra el castigo a quienes participaron en ella, el mundo sería un campo de batalla perpetuo. Por eso existe la justicia transicional, que busca satisfacer integralmente los derechos de las víctimas mientras permite dejar atrás el conflicto. Esta justicia se apuntala en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
¿Hay impunidad?
La justicia transicional no puede ser vista como la justicia penal ordinaria. Está pensada para superar la guerra y satisfacer a las víctimas.
Colombia tiene uno de los mayores índices de impunidad en el mundo. Esto es particularmente preocupante respecto a los crímenes cometidos durante el conflicto armado, muchos de los cuales han terminado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El fin de la guerra ofrece una oportunidad para superar esta impunidad. Sin embargo, en ninguna parte del mundo se ha visto que se use el derecho penal ordinario para transitar de la guerra a la paz. La experiencia en otros países ha sido la creación de comisiones de la verdad, que dejan la sensación de que hubo impunidad o simplemente amnistías que en el mundo contemporáneo son insostenibles. Esta es la primera vez, luego de la firma del Estatuto de Roma, que un país se dota de un sistema integral como el aprobado en La Habana, especialmente porque nunca antes un gobierno y un grupo insurgente habían creado de común acuerdo un tribunal para que los juzgue a ellos mismos.
6. Implementación, verificación y refrendación
Si el pueblo refrenda favorablemente el acuerdo para el fin del conflicto, empieza el proceso de implementación tal y como está contemplado en el texto concertado en La Habana. En realidad, la fase de la negociación, que duró cuatro años y acaba de terminar, estaba destinada a ponerle fin al conflicto. Sin embargo, lo que sigue en adelante no es solo llevar a la práctica de manera técnica y verificable el acuerdo, sino construir una cultura de paz en los territorios. Esta tarea durará muchas décadas e involucrará a las nuevas generaciones.
No obstante, el acuerdo es la primera piedra para esa construcción de paz o su hoja de ruta. Llevarlo a la práctica es un desafío monumental para el Estado y la sociedad y de su éxito dependerá que la paz sea realmente sostenible en el tiempo, y que llegue a cada rincón del país. Los primeros años son cruciales y pondrán a prueba la capacidad de transformación que tienen el pueblo colombiano y sus líderes. También las posibilidades de reconciliación.
No obstante, el acuerdo es la primera piedra para esa construcción de paz o su hoja de ruta. Llevarlo a la práctica es un desafío monumental para el Estado y la sociedad y de su éxito dependerá que la paz sea realmente sostenible en el tiempo, y que llegue a cada rincón del país. Los primeros años son cruciales y pondrán a prueba la capacidad de transformación que tienen el pueblo colombiano y sus líderes. También las posibilidades de reconciliación.
El acuerdo traza una ruta de implementación y verificación conjunta entre el gobierno y la guerrilla, basada en la buena fe y en mecanismos que brindan transparencia. Durará diez años y tiene un enfoque muy territorial, por lo tanto debe tener alto impacto en las regiones que sufrieron la guerra y mucha participación de esas comunidades.
